Southern Peru Copper Corporation litigó durante 3 años para obtener la concesión minera Vania, un terreno de 200 hectáreas que se superponía a su propiedad y en la que instalaría su planta de beneficio del mineral de cobre. Al término del proceso la empresa minera logró comprar en el 2018 por más de 1 millón y medio dólares el área, sin embargo, un año después el Ingemmet declaró la caducidad de la concesión como sanción a la falta de pago de la penalidad por no poner en producción el espacio. La medida legal colocó en vilo la construcción y operación del proyecto cuprífero.

El proyecto minero cuprífero Tía María y La Tapada es un enfermo terminal que se resiste a la muerte, su cancelación. Violentas protestas, inacción gubernamental, problemas administrativos y judiciales; y recientemente irresponsabilidad empresarial son los males que se le han diagnosticado a la mina que demanda una inversión de 1400 millones de dólares para su construcción. Solo un milagro podría levantar de la “cama” en la que está postrado. El hilo delgado de vida que lo mantiene en cuidados intensivos es la licencia de construcción que se le entregó en julio de 2019 a Southern Peru Copper Corporation. Sin embargo, errores de la empresa minera terminarían por acabar al proyecto.

PROTESTA E INACCIÓN

Es arto conocido el trágico saldo de siete personas muertas, entre ellas un policía, en las violentas protestas de 2011 y 2015, durante los gobiernos presidenciales del extinto presidente Alan García Pérez y de Ollanta Humala Tasso, respectivamente. La oposición se salió de control y los mandatarios solo atinaron a suspender el proyecto, no hubo una decisión política que haya puesto los paños fríos al clima de conflictividad.

El exviceministro de Minas, Rómulo Mucho Mamani, señaló en diversas entrevistas que a los gobiernos les tembló la mano para sacar adelante el proyecto cuprífero. Y recientemente manifestó que lo dicho por el actual ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke Ballvé, es un mensaje nefasto para las inversiones. Entonces, una vez se ve la inacción gubernamental del Estado en cuanto a tener una posición firme para los proyectos de inversión que son los llamados a reactivar la economía nacional. “Sabemos que no es fácil sacar Tía María, pero yo como gobierno implemento las reglas de juego y hago lo imposible para ejecutarlo, pero no es así”, dijo.

PROCESOS E IRRESPONSABILIDAD

En el 2014, con el proyecto en marcha, surge un problema. Un pedazo de terreno de aproximadamente 50 hectáreas, de la concesión minera Vania que abarca en total 200 ha. se superponía al espacio destinado a construir la planta de beneficio del proyecto, es decir el lugar donde llegará el cobre en bruto y, mediante un proceso de lixiviación, se convertirá en cátodos, listos para su exportación. Ese espacio era propiedad de Nicolás Belfiore Nicolini, quien pagó 150 000 dólares en el 2014 para obtener la concesión. Tras casi cuatro años de litigio con Southern, finalmente accedió vender a la minera el espacio. La empresa de capitales mexicanos desembolso 1 millón 550 mil dólares en el 2018 y se hizo la titular. Aparentemente el problema estaba solucionado.

Como se puede apreciar en la infografía, la concesión minera Vania data de 2008, desde ese tiempo los diversos titulares debían pagar lo que corresponde al Derecho de Vigencia, el cual se abona el primer semestre de cada año.

Además, está el pago por penalidad, el cual, según explica el abogado especialista en derecho minero, César Montes de Oca Dibán, se paga luego de seis años en los que el terreno no entró en producción. Es decir, al no tener la mínima producción se debía abonar la suma de 1200 dólares por año para cumplir con la penalidad. Montes de Oca Dibán sostiene que en el 2015 y 2016 se pagó el monto en referencia. Sin embargo, durante el litigio por la compra de la concesión no se abonó

“La única alternativa es que Southern judicialice el caso e interponga una medida cautelar para que el Estado no la ponga en libre disponibilidad y alguien más se haga propietario de la concesión”.

César Montes de Oca Dibán

“Southern adquirió la titularidad en el 2018 y no pagó la penalidad olvidando que en el 2017 tampoco se había pagado. La norma establece que si no se paga por dos años consecutivos la penalidad se produce la caducidad del petitorio o de la concesión minera, es decir se pierde el Derecho Minero y eso es lo que sucedió”, explicó el especialista.

EJECUCIÓN EN VILO

Efectivamente, el Consejo de Minería del Minem emitió el 29 de diciembre de 2020 la Resolución N°491-2020-MINEM/CM, en la que se argumenta que la empresa no pagó la penalidad de Vania durante los años 2017 y 2018.

Previamente el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, el 25 de febrero de 2019 dictó la Resolución de Presidencia N°467-2019-INGEMMET/PE en la que declaró la caducidad de la concesión Vania en primera instancia.

Inmediatamente Southern trató de revertirla. El 21 de marzo de 2019, interpuso un recurso de revisión ante el INGEMMET, el cual fue derivado el 17 de mayo de ese año al Consejo de Minería y recién el 20 de noviembre de 2020 fue visto en audiencia. El retraso se debió a que la minera buscó revertir la sanción esbozando diversos argumentos. Por ejemplo, pidió a la Dirección General de Minería (DGM) la exoneración de la obligación de la producción y del pago de penalidad de Vania. La ley minera considera el eximir el pago solo en casos de “fuerza mayor”, el cual para la empresa era el conflicto social originado entorno a su proyecto. Finalmente, la DGM declaró improcedente el pedido porque la minera posee otras concesiones anexas de las que sí pagaron.

“La única alternativa es que Southern judicialice el caso e interponga una medida cautelar para que el Estado no la ponga en libre disponibilidad y alguien más se haga propietario de la concesión”

También solicitó la acreditación del pago por penalidad de los años 2017 y 2018, adjuntando boletas, de fecha 4 de marzo de 2019. Sin embargo, fueron rechazadas porque por ser presentados a destiempo. Argumentaron que no habían sido notificados el procedimiento administrativo de Ingemmet y que, en el Padrón Minero Nacional de 2017, donde anualmente figura el pago, se consignó como monto la cifra 0, ambos fueron desestimados.

“La única alternativa es que Southern judicialice el caso e interponga una medida cautelar para que el Estado no la ponga en libre disponibilidad y alguien más se haga propietario de la concesión”, explicó Montes de Oca Dibán. Y agregó que el proceso se podría extender entre 4 y 6 años. “Obviamente los opositores la utilizarán para continuar rechazando el proyecto”, agregó.

Al perder la titularidad de la concesión minera, Southern no puede adquirirla nuevamente por sanción reglamentada. Es decir, la oposición a la ejecución del proyecto minero Tía María ahora viene desde adentro, un error que puede costarle caro a la empresa y también al país, principalmente a Arequipa.

Escribe: Jonathan Bárcena Carpio