La historia del chantaje de la concesionaria y de los posesionarios de terrenos que detuvieron la ejecución del proyecto especial Majes Siguas II y la traición de los gobernantes al pueblo que los eligió.

Escribe: Jonathan Bárcena Carpio

¿A quién beneficia la adenda 13?, es sobre este punto en que se ha entrampado la firma del documento que plantea el “cambio tecnológico” para el proyecto especial Majes Siguas II. Fue en el 2017 que la concesionaria Angostura Siguas, en ese entonces conformada por las empresas Cosapi y Cobra, presentó esta propuesta, pero años antes ya se había hecho un planteamiento similar que no fue aceptado. Entonces, ¿Quién o qué hizo cambiar de opinión a las autoridades de turno?

El tema para el abogado Fernando Bustamante Zegarra es simple: “Incapacidad y corrupción”. 

“La conducción de agua fue el negociado de corrupción, de los 104 millones de dólares toma tanto para ti, esto queda para mí y vamos adelante con el cambio tecnológico; pero se entrampó y todo quedó paralizado. Terminó su mandato Yamila Osorio sin la firma de la adenda y Cáceres Llica empezó con la pierna en alto al decir que no iba a permitir el incremento del costo del proyecto, pero luego al poco tiempo cambió de opinión y avaló la firma de la adenda ¿Por qué?”, se cuestiona el abogado.

Fernando Bustamante formó parte del equipo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que actualizaron los precios del proyecto, luego de su paralización a raíz del proceso judicial que se ventiló con Cusco. Fueron cinco años de litigio en los que Majes Siguas II no avanzó.

Iniciaba el 2015 y Yamila Osorio Delgado empezaba su gestión como gobernadora regional de Arequipa; meses antes el gobierno nacional había roto el vínculo con el consorcio Angostura Siguas por el incremento en el costo del proyecto en casi 50 millones de dólares tras los cinco años del litigio. Majes Siguas II se estaba cayendo porque ni el Estado, ni la concesionaria aceptaban los argumentos de la otra parte.

Fernando Bustamante relata que fue Yamila Osorio quien habla con el presidente de ese entonces, Ollanta Humala Tasso, y le pide hacer una última negociación en Arequipa. A solicitud de la gobernadora, el abogado estuvo presente en esa reunión en la que participaron los representantes de la concesionaria y varios técnicos del GRA. Señala que la máxima autoridad regional no estuvo presente por estrategia y solo hizo una visita protocolar.

Yamila Osorio Delgado.

“En esa reunión se discutió el incremento de los US $50 millones para conciliar con el consorcio. Ellos pidieron que los dejemos optimizar el proyecto y es así que propusieron cambiar el sistema constructivo en la perforación del túnel de derivación”, dijo.

En el contrato del proyecto la construcción del túnel estaba previsto con taladros eléctricos, para lo cual había que hacer una mini central hidroeléctrica en Angostura. Sin embargo, el consorcio señaló que ya no era necesario pues con una tuneladora, nueva tecnología que funcionaba en diversos países del mundo, se podía hacer el trasvase. Fernando Bustamante señaló que el GRA aceptó el cambio, pero quienes se opusieron en un primer momento fueron el Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión, entidades que pedían que se haga el proyecto de acuerdo al contrato. Al final aceptaron.

El abogado revela que en esa misma reunión se empezó a hablar de un cambio tecnológico que costaría más de US $100 millones, propuesta que fue rechazada, pues era ilógico pensar que se iba aceptar este monto cuando por US $50 millones de incremento el proyecto estaba a punto de detenerse definitivamente. 

“Además, el proyecto dice que se ejecutará con canales abiertos y es lo que el consorcio presentó como propuesta, no podía decir que con canal abierto no funciona. Sí funciona”, resaltó Bustamante.

ADENDA 13. 

Esa posición sólo duró en los dos primeros años de gobierno de Osorio Delgado. El 2017, el consorcio presentó su propuesta de cambio tecnológico y se empezó a tejer una historia oscura en los pasillos del GRA. La autoridad regional avaló lo exigido por el consorcio y sustentó que era necesario para la continuidad y operación del proyecto. Hasta ahora, Yamila Osorio Delgado, defiende la aprobación de la adenda 13.

En una reciente publicación en diario La República sostiene que el cambio tecnológico “favorece a Arequipa porque además de garantizarnos un proyecto más eficiente en el aprovechamiento del agua (sistema presurizado), posibilitará, a diferencia del esquema original, la incorporación inmediata de las tierras a la producción”.

El especialista hidráulico y ex viceministro de Agricultura, Huber Valdivia Pinto, desestima esta posición y señala que el riego presurizado siempre existió en las hectáreas agrícolas de la región. Además, señala que un cambio tecnológico no implica entubar los canales de derivación.

Entonces, por qué avalar un incremento en el costo del proyecto que actualmente se encuentra en 550 millones de dólares, cuando en sus inicios solo costaba US $148 millones. Fernando Bustamante señaló que eso solo se explica porque hay incapacidad o corrupción. 

En esa misma línea, opina Walter Paz Valderrama, quien fuera el procurador público y ex asesor jurídico del GRA. Señaló que Yamila Osorio es quien debe dar respuesta porque fue quien “nos vendió a la empresa”.

“La primera vez que se suspende el contrato, hace cuatro años atrás, ella asume el compromiso de realizar todos los trámites administrativos para que se firme la Adenda 13. En otras palabras, se comprometió para que el cambio tecnológico se apruebe sí o sí, entonces, nos preguntamos ¿La señorita tenía la autorización del Consejo Regional para asumir ese compromiso? No, no la tenía, pero lo hizo”, reveló Paz Valderrama.

No fue hasta el final de su gobierno que Osorio Delgado terminó de cambiar su discurso, hablaba de cambiar el número de hectáreas por módulo, que la tierra era para los arequipeños y un sinfín de argumentos que hacían la venia al consorcio.

Elmer Cáceres Llica. Foto HBA Noticias.

CAMALEÓN

El ahora encarcelado ex gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, llegó al sillón regional con una consigna: no firmar la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. Sin embargo, ya cómodamente sentado en el poder, su discurso cambió radicalmente. De aquella promesa de campaña en que decía que “Majes debe ser para los arequipeños”, no quedó nada. 

“Entra Cáceres Llica y de entradita dice que no aceptarían un mayor costo en el proyecto. De pronto, pasa muy poco tiempo de su gobierno y cambia de opinión y afirma que la adenda 13 sí debe firmarse. ¿Qué pasó?, ¿Por qué ese cambio tan repentino de posición? Para mi hay indicios de que había lago sucio, turbio, que se estaba negociando desde abajo”, dijo Fernando Bustamante.

Sin duda, el candidato fue otra persona distinta al gobernador. Elmer Cáceres Llica fue un ácido opositor al accionar de Osorio Delgado, inclusive la amenazó de desconocer la adenda 13 si es que su antecesora la firmará porque consideraba un acto de corrupción. El tantas veces acusado de violación ya se sentía gobernador y cuando por fin lo fue, se alineó a las filas del consorcio.  

Para Paz Valderrama esto es una traición al pueblo que lo eligió, “más que mano débil, es una traición de las autoridades. Es una traición política que ambos la hicieron y lo peor de todo es que aparte de traicionarnos, nos han vendido”, sostuvo.

Y agregó que no solo los dos, sino también los consejeros de la gestión pasada y los de ahora que tienen miedo, desconocimiento, incapacidad que los lleva a no tomar posición firme sobre el tema, “están en una nebulosa, desojando margaritas, la cosa es terrible”, puntualizó Paz Valderrama.   

Y Fernando Bustamante señaló que indiscutiblemente la falta de liderazgo, la falta de consejeros con capacidad para tomar decisiones de esta naturaleza ha sobrepasado la capacidad de las autoridades que tenemos hoy en día en Arequipa.

Ambos consideran que la concesionaria está “chantajeando” hace tres años al GRA al pedirle dinero a cambio de avanzar con el proyecto y las autoridades han caído en ese chantaje.

CHANTAJE

No solo dos gestiones regionales jugaron en contra del proyecto. Para Fernando Bustamante, la gestión del ex presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides también tuvo responsabilidad, principalmente en el saneamiento de los terrenos que se debían entregar a la concesionaria.

“El GRA tuvo que negociar con los comuneros de la zona alta de Angostura para la compra de los terrenos. Pero, se manejaron muy mal las cosas. El tema era muy sencillo, establecer el justiprecio por la venta de las tierras, pagar y punto”, dijo el abogado. 

Pero no fue así, Guillen Benavides se dejó absorber por las presiones políticas que venía de todo lado y cayó en un nuevo chantaje en el que las comunidades campesinas exigían plata más terrenos en Majes. 

“El GRA pagó y se comprometió a entregar terrenos en la parte baja, pero los comuneros nunca desocuparon las tierras de la parte alta, pese a que ya habían sido vendidos”, explicó Fernando Bustamante. 

Esta inacción imposibilitó que el gobierno regional pidiera la resolución del contrato, pese a que la concesionaria había incumplido con el cierre financiero del proyecto, el cual era la garantía económica.

Fernando Bustamante explicó que no se activaron las causales de resolución porque el GRA no entregó a tiempo los terrenos al consorcio. “El GRA debía entregar los terrenos completamente liberados al consorcio para que ellos empiecen a ejecutar el proyecto, pero no lo hizo, es decir estábamos en falta”.

De igual forma, cuando la empresa Cosapi abandona en el 2018 el consorcio por problemas de vínculos con el Club de la Construcción, también el gobierno regional estaba en la potestad de resolver el contrato.

Fernando Bustamante explica que no se hizo porque ya se encontraba a expensas de la presión de la concesionaria por el cambio tecnológico, el cual era la única alternativa para que el proyecto continúe. 

El resultado de ese engaño e inacción es que ahora la concesionaria se siente en la potestad de llevar al Estado peruano a un arbitraje en el que exigiría como mínimo 220 millones de dólares por daños y perjuicios, tal y como lo dice en su carta donde plantea la resolución por caducidad del contrato del proyecto.

Juan Manuel Guillén Benavides.

ARBITRAJE

Tanto Fernando Bustamante como Walter Paz comulgan en la idea que un arbitraje no sería favorable a la empresa y argumentan que el gobierno regional debe resolver el contrato.

El primero sostuvo que el arbitraje no es un tema para asustarnos, “no crean que la tendrá fácil la empresa Cobra de España, ahí se pueden discutir muchas cosas. Lo que necesitamos es que el GRA se ponga los pantalones y tome decisiones, no pueden seguir dilatando y haciéndose los locos”, puntualizó.

En tanto Paz Valderrama señaló que el gobierno regional debe resolver el contrato de manera discrecional, tal como indica el TUO del contrato.

“Eso significa que no hay justificación objetiva, es decir que simplemente nos parece que la empresa debe irse y punto”, aseveró.

Y agregó que de irse a un arbitraje la concesionaria lo perdería porque no tiene los argumentos suficientes para plantear la medida. 

“A mi parecer francamente es una sinvergüenzura que durante tres años nos estén paralizando el proyecto Majes sin razón, ni motivo alguno y luego de tres años vengan con la historia de que quieren que le paguen adicionalmente 220 millones de dólares, eso es ser sinvergüenza. Más aun cuando no pusieron ni un sol”, dijo el ex funcionario regional.

MAJES OBRA PÚBLICA

Actualmente el proyecto especial Majes Siguas II está al amparo de una asociación público privada (APP). Por parte del Estado interviene el Gobierno Central y al Gobierno Regional de Arequipa y por parte del privado está la concesionaria Angostura Siguas, que representa la empresa Cobra.

Para el empresario agrario, Jorge Luis Reyes-Luján Martínez, este modelo no garantiza el desarrollo del trabajo agrícola y más bien es un contrato que prioriza el cobro por el suelo y el agua.

“Acá tenemos un contrato en el que buscamos que el inversionista gane con la venta del agua, ósea estamos hablando de una inmobiliaria, no de un proyecto de desarrollo agropecuario. Es un modelo corrupto típico de Odebrecht donde el Estado está buscando especular con la plata ajena, solo les interesa hacer dinero y no garantizar un desarrollo sostenible”, sostuvo.

El empresario plantea que Majes Siguas II se ejecute como una obra pública donde se haga competitivo el suelo para garantizar la agroexportación y eso solo se logra con un enfoque de productividad, mano de obra y exportación. 

En ese sentido, el planteamiento es acogido por Paz Valderrama, quien sostiene que el GRA puede ejecutar por administración directa todos los canales y dejar a licitación la represa de Angostura. Según su lectura se podría aminorar los costos y terminar en un corto periodo de tiempo el proyecto.

“Si la concesionaria hubiera cumplido con sus obligaciones contractuales, en estos tres años de paralización la represa ya estaría avanzada en un 80%”, argumentó.

De la misma idea es Fernando Bustamante, quien sostuvo que el proyecto se puede considerar de carácter nacional y más bien se debe exigir el compromiso de su ejecución por el Gobierno Central. 

Así está la situación del proyecto Majes Siguas II. Mientras el Estado no demuestre firmeza y haga las cosas correctamente parece estar condenado a su desaparición.