En el Perú se dice que los derrames de petróleo son crónicos e incalculables. Lamentablemente, el Estado no se preocupó por esta situación, hasta que sucedió en Lima.

Escribe: Pilar Rivera Ramos

Un interesante reporte de Esan, escrita por Alberto Ríos Villacorta en noviembre de 2012, describe que en junio de 1996, se privatizó el 60% de las acciones de la refinería de La Pampilla, por un valor de 180 millones de dólares, incluyendo en la transacción 38 millones en valores de deuda externa.

Curiosamente el contrato de privatización incluía un compromiso de inversión de 50 millones en 5 años por parte del consorcio Relapasa, a la que definen como la agraciada de la compra de la refinería más importante del Perú.

Se afirma que en la privatización, Repsol poseía el 55% del consorcio Relapasa, y que tenía además como socios a YPF, Mobil y tres compañías peruanas.

En el año 1999, Humberto Campodónico, presidente en ese entonces de directorio de Petroperú, elaboró el informe “La Inversión en el sector petrolero peruano en el periodo 1993-2000”, donde, según muchos especialistas, es un documento excelente de información sobre el proceso de privatización de La Pampilla.

Pero qué decía este informe. Un año después de la venta, el “holding” (sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la administración de un conjunto de empresas dedicadas a las actividades económicas o industriales), decía que Repsol facturó alrededor de 851 millones de dólares en sus negocios de la refinería La Pampilla, en la empresa comercializadora de combustibles Corpetrol (90% de las acciones en manos de Repsol) y en Solgas, la Compañía Peruana de Gas (60% de las acciones de manos de Repsol). 

Entonces, el nivel de ingresos de Repsol lo ubicaba entre las cinco primeras empresas del Perú. Todo un negocio redondo para la firma española.

Según el informe de Esan “con la entrega de un cheque se hacía el control del mercado peruano de refino y distribución de combustible”.

Mar negro. Foto Congreso de la República.

ESTADO CORRUPTO Y CORTOPLACISTA

Jorge Manco Zaconetti, en su libro “Privatización e Hidrocarburos: Mito y Realidad. Perú 1991-2002”, revela que el valor real de la refinería de La Pampilla era de 460 millones de dólares (incluyendo el precio del terreno) y a la letra dice: La privatización de la refinería de La Pampilla fue el resultado de la pésima gestión gerencial de un Estado corrupto y cortoplacista, que empleaba a la empresa petrolera estatal para satisfacer la fidelidad y clientelismo electoral de sus partidarios y como herramienta política para subvencionar el precio de los combustibles”.

En informes anteriores, Revista Bitágora emitió varias publicaciones resaltando la importancia de mantener y preservar la soberanía nacional de nuestros recursos naturales en cuanto a gas, por ejemplo. Pero esa es otra historia. Sin embargo, el tema de corrupción es, lamentablemente, el mismo.

El autor de esta nota, Alberto Ríos Villacorta es doctor en Ingeniería Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Ingeniero Eléctrico y Máster en Energías Renovables, Universidad Europea de Madrid.

SEGURIDAD ENERGÉTICA

Los últimos días, diferentes espacios noticiosos y de análisis llegaron a la conclusión que en tema de seguridad energética, Perú está “en la calle”. De nada sirvió la experiencia de México, el año 2010, cuando la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en las aguas del Golfo de México a unos 66 kilómetros de las costas de Louisiana, sufrió una explosión que dejó 11 trabajadores muertos. El petróleo brotó sin control durante 87 días y se convirtió en el peor desastre ambiental en la historia y el derrame accidental de crudo más grave en el mundo.

PRENSA PERUANA

El derrame de petróleo fue reportado el sábado 15 de enero y se decía que se había afectado a la fauna silvestre y 17 playas, desde Ventanilla hasta Chancay. “La empresa Repsol dijo que aportará todos los recursos necesarios para atender este daño al medio ambiente”.

Sin embargo, 15 días después, el gobierno peruano delega a Repsol la responsabilidad del derrame, exige sanción, pero se dan muchas imprecisiones. Lo único cierto es que de acuerdo con los informes emitidos los años anteriores, los barriles de petróleo vertidos a la naturaleza ocurren en un 88% en la costa norte peruana y en la amazonía a donde la voz del pueblo nunca llegó al gobierno.

Limpiando el oro negro. Foto Congreso de la República.

OLOR A ZORRO

Datos históricos revelan que el primer pozo de Sudamérica se instaló hace más de siglo y medio en el distrito de Zorritos, en Tumbes. Los pescadores cuentan, como si fuera una leyenda, que el lugar tiene ese nombre porque solo el olor del zorro es equiparable al del petróleo.

Entre Piura y Tumbes existen unos 1200 pozos petroleros operativos. El año 2018 aportaron el 66% de la producción nacional de petróleo. Casi 12 millones de barriles según las estadísticas que maneja Perupetro, la agencia estatal de promoción de explotación de hidrocarburos.

Según la plataforma informativa, Mongabay Latam (especialista en temas ambientales, científicos y de conservación) El Estado peruano no está enterado del total real de derrames que se producen en la costa norte del país, por lo que la fiscalización era un trabajo imposible.

Las petroleras están obligadas a reportar al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) los derrames de crudo. Aquí se deben indicar lugar, hora, motivo, acciones de mitigación y cantidad derramada. Su informe revela un dato importante. En los últimos 10 años se han derramado en Perú unos 9743 barriles de petróleo crudo, agua con petróleo, hidrocarburo líquido o agua de producción en 9439 eventos.

Dicho en otras palabras, sería como si a diario, durante una década, se vertieran casi tres barriles de crudo. La situación es bastante grave.

CORRUPCIÓN

Javier Arévalo, periodista peruano emite un comentario muy crítico y sostiene que Repsol “sigue confiado en que su plata comprará políticos, medios, jueces, fiscales, que resulta más barato que cumplir con los estándares internacionales que  exigen cuidar el medio ambiente”.

Ni bien subía su comentario a redes la mañana del viernes último, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación del Perú, informó que se declaró fundado el impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general y funcionarios de la Refinería La Pampilla S.A., administrada por el Grupo Repsol del Perú S.A.C. por presunto delito de contaminación ambiental.

La medida recae contra Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena (gerente general), Renzo Tejada Mackenzie (jefe del Terminal Marítimo 2), Cecilia Posadas Jhong (gerente de Calidad de Medio Ambiente) y José Reyes Ruiz (gerente de Producción) de la empresa productora de hidrocarburos.

A ellos se les impide salir del país por 18 meses en vista a sus movimientos migratorios constantes fuera del Perú y sus ausencias en las diligencias fiscales que afectarían el proceso de investigación.