Luego de algunas ediciones en ausencia, Juan Carlos Valdivia Cano vuelve con su pluma filuda, esta vez para hablar del indulto en favor de Alberto Fujimori, el expresidente acusado y no acusado de crímenes de Lesa Humanidad.

Escribe: Juan Carlos Valdivia Cano

Doctor en Derecho y profesor universitario

Lo que es indiscutible en el caso del indulto a Fujimori, independientemente de lo que crean o no las autoridades locales (Poder Judicial y Tribunal Constitucional), es que los crímenes contra la humanidad del gobierno del exdictador, son crímenes  de Lesa Humanidad, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los casos de La Cantuta, Barrios Altos y otros, lo que implica el asesinato de grupos humanos sin derecho a la defensa, sin juicio y sentencia previa, sin  debido -o siquiera  indebido-  proceso, incluido un niño peruano de 8 años de edad. Y los autores de esos crímenes no pueden ser indultados, esos crímenes no prescriben, Etc., según lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual el Estado peruano es parte.

Es bueno que el desinformado, manipulado y desconcertado pueblo peruano sepa que esa Convención está constituida por dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que opina y decide qué denuncias se judicializan y por tanto pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y cuales no; que  según la propia Constitución peruana en el artículo 205 la CIDH es la última instancia en asuntos  de derechos humanos para el Perú y que el Estado peruano está obligado a cumplir sus disposiciones, recomendaciones y sentencias.

Esos  organismos no son extranjeros o externos al Estado peruano como creen los fujimoristas, los pro chavistas (que todavía defienden al nauseabundo gobierno de Maduro), los  procubanos y la nefasta mayoría reaccionaria del TC, así como los peruanos que por  ignorancia o interés político o personal hablan de “violación de la soberanía” cuando la CIDH interviene, lo cual, además de ser idiota, es un imposible jurídico porque una cosa es “extranjero” y otra “internacional” y el Perú, por haber firmado los tratados respectivos, es parte del Sistema Interamericano de Derechos  Humanos que es un organismo internacional, pero no extraño o extranjero o ajeno a los peruanos. Y felizmente el caso en comento depende completamente de la CIDH.    

El indulto –herencia de los sistemas monárquicos- es una figura excepcional dentro de un gobierno democrático cualquiera, tanto que el Diccionario Enciclopédico de Derecho de Guillermo Cabanellas sostiene que “el indulto configura una atenuación o relevo de la pena que se ha conocido de antiguo y que no encuadra con facilidad en la lógica jurídica”. Y lo define como “Supresión o disminución de las penas, ya por encontrar excesivo el castigo legal, ya ante la personalidad del delincuente y las circunstancias del caso, como por acto de generosidad tradicional o excepcional del Poder Público…”

Es evidente que el indulto al expresidente Fujimori (concedido por puro interés mezquino comprobado) por el expresidente PPK (y su compinche Kenyi) no encaja en ninguna de estos supuestos que plantea el citado Diccionario (castigo excesivo, personalidad del delincuente -que en el caso de Fujimori no era precisamente indultable- y las circunstancias, que no ofrecen ninguna razón para conceder esa gracia a un sujeto con la personalidad de Fujimori que todos conocemos hasta el hartazgo). ¿Qué razón podría haber -aparte de un grave estado de salud bien comprobado y avalado por una junta médica proba e intachable- para indultar a semejante esperpento, autor de tamaños crímenes, los más graves que existen en los sistemas jurídicos democráticos actuales?, ¿Qué otra razón habría para extinguir la pena, aunque no borre todos los efectos del delito, a diferencia de la amnistía? Y debe pagar las reparaciones civiles a los deudos y pedirles perdón públicamente.

La Corte Suprema peruana hizo muy bien al acatar la recomendación de la CIDH e invalidar el escandaloso indulto, aplicando el control difuso al que están obligados los magistrados cuando hay una flagrante violación de la Constitución en una resolución legal, ya que en el sistema mixto del Perú el control de la constitucionalidad no es exclusiva del TC, a pesar de la triste opinión de este último que ha acogido un recurso de Habeas Corpus presentado por un abogado delincuentón proveniente de Ica, para liberar al inmamable exdictador.