La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano se abstenga de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que disponía la libertad del expresidente. Un breve repaso a los hechos y la opinión de dos reconocidos juristas que, pese a diferir en sus fundamentos, coinciden en rechazar el indulto.

Escribe: Andrea Herrera Rivera

Abogada, maestrando en Estado de Derecho y Democracia Constitucional

En medio de una crisis permanente de institucionalidad y conflictos sociales desbordados, el Estado peruano fue notificado con la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a las Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de los Caso Barrios Altos y La Cantuta vs Perú.

La Corte, en un acto sin precedentes- ordenó al Estado Peruano que se abstenga de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone excarcelar al expresidente autocrático Alberto Fujimori.

Nuevamente, la crisis política del país se veía agravada por la situación carcelaria del expresidente que desde hace 04 años está al borde de la muerte y pone a debate la figura jurídica del indulto. Entonces, si genera controversia ¿Por qué existe esta gracia presidencial y cuál es el estándar interamericano para su aplicación? ¿Por qué el caso Fujimori es diferente?

ANTECEDENTES DEL CASO FUJIMORI

Para entender este debate primero hay que comprender el caso de fondo que llevó a Fujimori a la cárcel. En noviembre de 1991 y julio de 1992, respectivamente, El grupo Colina (escuadrón de la muerte creado bajo el Gobierno de Fujimori) llevó a cabo las dos ejecuciones extrajudiciales más conocidas de la era fujimorista y que posteriormente se convirtieron en sentencias históricas de la Corte IDH sobre graves violaciones a los derechos humanos: las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En Barrios Altos, un grupo de civiles inocentes fueron obligados a tenderse en el suelo y luego fueron disparados a quemarropa, lo que provocó la muerte de 15 personas, incluyendo un niño de 08 años. En La Cantuta, un grupo de estudiantes universitarios y dos profesores fueron sacados a la fuerza de sus casas y ejecutados en secreto.

En 2009, la Corte Suprema peruana encontró a Fujimori culpable de ordenar las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Fue sentenciado a 25 años de cárcel y desde entonces su salud se fue deteriorando. Sus abogados afirman que la prisión, sin importar las condiciones, no es el lugar adecuado para que él se recupere. Sus numerosos oponentes afirman, en cambio, que su “prisión de oro” tiene todo lo que necesita para ser tratado y que debe cumplir todos los días de su condena.

EL INDULTO, ¿PERDÓN U OLVIDO?

Nos encontramos ante una institución de carácter excepcional. El indulto –al igual que la amnistía– supone la intromisión de otro poder del Estado en una decisión judicial. Por tanto, su otorgamiento implica ser estrictos en los motivos por los cuales esta facultad presidencial es ejercida. En la misma línea, la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de José Enrique Crousillat señala la necesidad de motivar y justificar adecuadamente una decisión de este tipo, incluso en los casos en los que la misma se deba a una enfermedad terminal o que sea incapacitante en forma permanente.

En la Navidad de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó y promulgó una resolución suprema que otorgaba el indulto humanitario a Fujimori. En medio del procedimiento, Kuczynski era sujeto de un pedido de vacancia en el Congreso, del que saldría librado por un bloque de legisladores que votaron en abstención.

Posteriormente, el propio partido de Fujimori, Fuerza Popular, denunciaría que los votos de los congresistas fueron “comprados” por Kuczynski a cambio de garantizar el indulto al expresidente. La denuncia, sobre la que se adjuntaron audios y videos, motivó una investigación fiscal y la apertura de un proceso judicial contra los implicados.

El indulto fue revocado el 4 de octubre de 2018 en una primera instancia de la Corte Suprema. El máximo tribunal de Perú concluyó, entonces, que el procedimiento fue irregular, contrario a estándares internacionales, peculiarmente rápido y que validó actas médicas con incongruencias a partir de una junta de profesionales de dudosa imparcialidad. Fujimori volvió a la cárcel.

EL 19 de marzo de 2022, cientos de ciudadanos nuevamente marcharon indignados para expresar su rechazo a la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que aceptó un recurso que restituía el indulto otorgado a Fujimori en 2017 y permitiría la liberación del expresidente. Esta de decisión contraviene la obligación internacional del Estado de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte IDH ha establecido que el otorgamiento de un indulto –incluso si se cumplieran los supuestos de un indulto humanitario—puede constituir una afectación al derecho a la justicia de las víctimas. Por lo tanto, debe cumplir ciertos estándares y estar sujeto a ciertas restricciones de manera que tales derechos queden protegidos.

En este caso esos estándares no se cumplen, por lo cual la decisión del Tribunal Constitucional es cuestionable en términos jurídicos y también desde el punto de vista de los valores de la democracia.

Así pues, corresponde la aplicación del control de convencionalidad, el cual implica una obligación internacional del Estado de adecuar sus actos y decisiones a los estándares internacionales y la normativa internacional vinculante. De acuerdo a la resolución bajo análisis, el presidente al otorgar el indulto debió considerar no solo el derecho interno sino también las obligaciones internacionales que lo vinculan “desde las sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta.” Consecuentemente, la Corte IDH ordena al Estado del Perú abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre de 2017.

Protestas por esterilizaciones forzadas.

OPINIONES

JUAN CARLOS VALDIVIA CANO

Para el doctor en derecho y especialista en filosofía del derecho, el indulto –herencia de los sistemas monárquicos- es una figura excepcional dentro de un gobierno democrático cualquiera, tanto que el Diccionario Enciclopédico de Derecho de Guillermo Cabanellas sostiene que “el indulto configura una atenuación o relevo de la pena que se ha conocido de antiguo y que no encuadra con facilidad en la lógica jurídica”.

Y lo define como “Supresión o disminución de las penas, ya por encontrar excesivo el castigo legal, ya ante la personalidad del delincuente y las circunstancias del caso, como por acto de generosidad tradicional o excepcional del Poder Público…”

Es evidente que el indulto al ex presidente Fujimori (concedido por puro interés mezquino comprobado) por el ex presidente PPK (y su compinche Kenyi) no encaja en ninguna de estos supuestos que plantea el citado Diccionario (castigo excesivo, personalidad del delincuente-que en el caso de Fujimori no era precisamente indultable- y las circunstancias, que no ofrecen ninguna razón para conceder esa gracia a un sujeto con la personalidad de Fujimori que todos conocemos hasta el hartazgo). ¿Qué razón podría haber -aparte de un grave estado de salud bien comprobado y avalado por una junta médica proba e intachable- para indultar a semejante esperpento, autor de tamaños crímenes, los más graves que existen en los sistemas jurídicos democráticos actuales? ¿Qué otra razón habría para extinguir la pena, aunque no borre todos los efectos del delito, a diferencia de la amnistía? Y debe pagar las reparaciones civiles a los deudos y pedirles perdón públicamente.

La Corte Suprema peruana hizo muy bien al acatar la recomendación de la CIDH e invalidar el escandaloso indulto, aplicando el control difuso al que están obligados los magistrados cuando hay una flagrante violación de la Constitución en una resolución legal, ya que en el sistema mixto del Perú el control de la constitucionalidad no es exclusiva del TC, a pesar de la triste opinión de este último que ha acogido un recurso de Habeas Corpus presentado por un abogado delincuentón proveniente de Ica, para liberar al inmamable ex dictador.

JULIO CÉSAR CASTIGLIONI

El especialista en Derecho Constitucional y Administrativo nos dice: Yo estoy en contra del indulto bajo todas sus formalidades que establece la Constitución Política del Estado. El indulto viene de la edad media, cuando una persona estaba condenada y en la plaza pública el rey le perdonaba la vida, lo indultaba, en esa época no existía la separación de poderes de Rosseau y Montesquieu de la Revolución Francesa.

En consecuencia, al crearse la separación de poderes nace el Poder Judicial que administra justicia y el Poder Ejecutivo no tendría por qué meterse indultando a una persona que ha sido sancionada por otro poder del Estado.

Ahora bien, en el presente caso, el Tribunal Constitucional no ha otorgado el indulto a Fujimori, sino ha ordenado que se cumpla con la Resolución del Poder Ejecutivo que otorgaba el indulto. ¿Puede el Tribunal Constitucional hacer legislación positiva? En mi concepto no. En este caso ha hecho legislación positiva porque ha dicho que se cumpla una Resolución Suprema que le correspondía al Poder Ejecutivo, y debía ser el Ejecutivo el encargado de cumplir sus resoluciones o en todo caso derogarlas.

En cualquier caso, estoy en contra del indulto y del indulto humanitario como es el caso del expresidente, porque debemos respetar las instituciones. Estoy en contra de un país que no respeta las instituciones y permite la intromisión de un organismo autónomo como es la intervención de parte del Tribunal Constitucional en una Resolución del Ejecutivo, debemos respetar la separación de poderes.